Un grupo de trabajadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), se manifestaron este domingo con gritos y pancartas sobre el bulevar metropolitano Adolfo López Mateos, para exigir al fiscal Francisco Murillo Ruiseco, cumpla con el pago de incrementos salariales anuales que desde hace cinco años no efectúa, y que cese el acoso laboral en esa institución.
Esta es la segunda vez que un grupo de trabajadores de la fiscalía zacatecana protestan públicamente en este mes de julio, aseguran, en representación de 200 empleados, entre peritos, ministerios públicos, policías de investigación, abogados y trabajadores administrativos.
Muchos de ellos recientemente se han adherido al Sindicato Independiente de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (SITEZ), en oposición al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Públicos (Sutsemop), considerado el sindicato “blanco”, de la burocracia local, que no ha gestionado los incrementos salariales para todos los empleados de la FGJE.
Este domingo, un grupo de trabajadores de la fiscalía zacatecana, se apersonaron en el bulevar metropolitano Adolfo López Mateos, –frente a la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas-, donde el sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), organizó una jornada de paseos familiares en bicicleta y con mascotas, en un tramo de esa avenida que une a la capital del estado con el municipio conurbado de Guadalupe.
Portando pancartas y gritando consignas, los trabajadores recordaron que más de 200 de ellos, están “trabajando bajo protesta”, es decir, siguen realizando todas sus actividades de investigación y persecución de los delitos, pero inconformes con el trato laboral al que se enfrentan.
Al respecto, Alejandro Rivera Nieto, líder SITEZ, demandó al fiscal del estado que atienda el reclamo de más de 200 trabajadores, quienes durante los últimos cinco años han visto precarizado su trabajo.
“Muchos de estos trabajadores, que son una parte importante del servicio público, muy sensible porque son precisamente los responsables de procurar y administrar justicia, en la actual etapa de crisis, ya están afiliados al SITEZ, y lo primero que están demandado, es un alto a la represión laboral que sufren”.
Rivera Nieto aseguró que sus representados padecen “un hostigamiento laboral que particularmente han dejado de denunciar, ante las propias autoridades, porque si lo hacen, los cambian de adscripción a los distritos judiciales más apartados del estado, como al municipio de Mazapil”.
“Desde que comenzaron a reclamar y exigir sus derechos laborales, los empiezan a hostigar, sus jefes empiezan a enviarlos comisionados, a los lugares más apartados del estado, a distritos judiciales ubicados en la sierra o el semidesierto, para presionarlos y obligarlos a renunciar”.
Sin embargo, acotó Alejandro Rivera Nieto, “hemos acompañado jurídicamente casos de defensa de sus derechos, exitosos, donde sus malos jefes no han logrado su cometido. Pero hay casos de abuso laboral atroces, como un caso de un trabajador discapacitado, que lo querían obligar a renunciar, y como no lo hacía, lanzaron amenazas contra su madre, que también trabaja en la fiscalía”.
“Todos estos trabajadores de la fiscalía, han padecido cinco años en que no se les ha concretado un incremento de salario, que en cinco años ha permanecido sin ningún incremento salarial. La ley obliga que se les dé el mismo trato que a otros trabajadores, que sí han recibido incrementos salariales, como ha ocurrido en otras áreas de la administración pública estatal”.
Finalmente, Rivera Nieto advirtió que el fiscal del estado, Francisco Murillo Ruiseco, “está violando los derechos laborales de sus trabajadores, quienes, por ley, tienen derecho a un incremento salarial, un salario digno, e indirectamente está violentando las garantías de los hijos de los trabajadores de la fiscalía, que con esta precarización salarial, se ven relegados y no pueden tener un mejor nivel de vida, a accesos a salud, a educación y a una vivienda digna”.
