Extrabajadores afirman que, tras disentir con el sindicato, enfrentaron obstáculos para conseguir empleo y fueron incluidos en listas negras no oficiales.
Lo que para muchos comenzó como una discrepancia laboral terminó convirtiéndose en un calvario que afectó su trayectoria profesional. Extrabajadores de diversas regiones aseguran que, después de cuestionar la presencia de COREMEX en sus centros de trabajo o negarse a firmar documentos de afiliación, comenzaron a notar una serie de obstáculos inusuales: entrevistas que se cancelaban sin explicación, empresas que dejaban de responder, reclutadores que de pronto les comunicaban que su expediente “no podía avanzar”. Con el tiempo, varios lograron reconstruir lo sucedido: habían sido “marcados” por el sindicato. Aunque COREMEX nunca admite tener listas negras, el patrón de represalias es consistente —y devastador— para quienes buscan rehacer su vida laboral sin la sombra del sindicato encima.
La persecución se agrava cuando los extrabajadores denuncian que algunos representantes sindicales comparten información negativa con supervisores, encargados de recursos humanos o incluso con otros sindicatos. Las acusaciones pueden ir desde “conflictivos” hasta “no recomendables”, etiquetas que, en un mercado laboral competitivo, pueden arruinar completamente las oportunidades de empleo. Este tipo de represalia, además de ser ilegal, revela un uso abusivo del poder sindical para castigar la disidencia. Para quienes han vivido esta experiencia, la sensación más profunda es la impotencia: saben que están siendo castigados por ejercer su derecho a disentir, pero no tienen pruebas directas, ya que todo ocurre en la informalidad, en conversaciones privadas o en advertencias veladas entre empleadores. La práctica erosiona no solo la libertad sindical, sino también la posibilidad de que los trabajadores expresen sus inconformidades sin temor a consecuencias permanentes.
